México DF, junio 12 de 2012.

Mario Alberto Reyes.

  • Protestan activistas con mantas, pancartas y silbatos.
  • Necesario que responsables del banco cuenten con licencia sanitaria, señala coordinadora.
Integrantes de la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH y autoridades de la Clínica Especializada Condesa (CEC), acordaron un plazo de dos meses para que el banco de medicamentos operado por esa organización civil, cumpla con la normatividad y regulación requeridas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Con pancartas, silbatos y diversas consignas, los inconformes, acompañados por miembros de Condomóvil AC y del Centro de Atención Profesional a Personas con Sida, se manifestaron en las instalaciones de la CEC para denunciar “las presiones” ejercidas por la funcionaria para entregar el espacio al grupo de autoapoyo Actitud Positiva, cuya tarea principal radica en la entrega de condones, pues la labor del banco “no tiene razón de ser al no existir desabasto de medicamentos”.
Gerardo Cabrera, presidente de la organización civil, apuntó que si bien el objetivo fundamental del banco de medicamentos no es sustituir la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar el acceso universal a los fármacos antirretrovirales (ARV), “es una realidad que muchos aún son demandados por los usuarios de la clínica cada vez que se registra desabasto en las instituciones de Salud”.
De acuerdo con el activista, el banco de medicamentos en la CEC operaba desde el año 2000 a iniciativa del primer director Jorge Saavedra, como parte de la respuesta de la sociedad civil a la epidemia en esta ciudad. Agregó que en lo que va de este año, 700 personas se han beneficiado con los servicios del banco, 54 por ciento de ellos resolvieron de esta manera la falta de zidovudina, kaletra, ritonavir y atazanavir, los cuatro ARV que, aseguró, han escaseado más en los últimos meses.
Agregó que el banco operado por la Red hasta hace una semana ofrecía servicios no sólo a los usuarios de la CEC, sino también a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de la Defensa Nacional y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Luego de gritar consignas como “¡Andrea, el desabasto es muy feo!”, “¿De qué murió Forcada? Por falta de truvada”, y “¡Lucho por mi vida, quiero calidad!”, los manifestantes aceptaron entrar al auditorio “Arturo Díaz Betancourt” para dialogar con Andrea González.
Ahí, la funcionaria subrayó que la falta de regulación y normatividad provoca que el banco de medicamentos opere sin lineamientos de manejo, almacenamiento, prescripción y resguardo de los ARV, y mencionó la existencia de plantas que pueden generar humedad y fauna nociva para los fármacos.
Señaló que a pesar de los riesgos que implica para la salud de las personas, la Red entregaba medicamentos caducados con el argumento de que es posible ingerirlos aún seis meses después de vencida la fecha de caducidad.
La coordinadora del Programa de VIH/sida del DF, aseguró que en los últimos meses ha recibido quejas y reportes de usuarios motivados por la entrega de medicamentos caducos, “sin que exista instancia competente que pueda regular y garantizar el manejo de medicamentos por parte de la Red”.
González únicamente aceptó el desabasto de medicamentos hormonales destinados a la población transgénero atendida en la clínica, el cual se solucionó mediante las quejas interpuestas por las usuarias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Calificó como “extraño” que los inconformes se manifestaran en el nosocomio y no en las reuniones que han sostenido con los servidores públicos, que en el ámbito federal, son responsables de dar respuesta a la epidemia.
En un ambiente que por momentos se mostró sumamente tenso, González reclamó la “subutilización” del espacio ocupado por el banco de medicamentos pues señaló que los encargados de su funcionamiento lo abren unas cuantas horas al día, hecho que ha impedido consolidar dos proyectos, uno relacionado con la apertura de una biblioteca donada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y otro con la puesta en marcha de estrategias de adherencia para quienes viven con el virus.
El activista descartó ambas ideas al señalar que el espacio ocupado por el banco de medicamentos es insuficiente ya que apenas mide un metro de ancho por dos y medio de largo, por lo que compartirlo, tal como lo propuso Andrea González, no era viable.
La coordinadora del Programa de VIH del DF subrayó la necesidad de que el banco esté regulado y normado por la Cofepris, cuya misión principal es controlar y vigilar a los establecimientos de salud, pues de lo contrario el esfuerzo de la Red se convierte en un riesgo para los usuarios, y recordó que desde hace más de un año ha pedido a los activistas una propuesta de trabajo alternativa que beneficie e involucre a los pacientes de la CEC, sin recibir respuesta alguna.
“Si hay permiso de la Cofepris, el banco puede funcionar”, externó en varias ocasiones la funcionaria.
Finalmente, Cabrera Reséndiz aceptó iniciar el proceso de registro ante la Cofepris por lo que en los próximos dos meses deberá concluir el trámite para reabrir el banco de medicamentos en la CEC, cuyo espacio permanecerá cerrado hasta entonces.
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